Ley contra la corrupción. El turno de las pymes para cumplirla.

30 Sep 2019

 

Las pequeñas y medianas empresas también tienen que acatar las reglas, y eso incluype el "no sobornarás". De no hacerlo, pueden ser sancionadas en la Argentina, pero también en el extranjero. Según la Oficina Anticorrupción (OA), la corrupción es uno de los principales obstáculos que enfrentan las pymes en su entorno de negocios. En la Argentina hay 850.000 empresas pequeñas y medianas, y el 99% de ellas son micropymes. Generan el 70% del empleo registrado. A partir del año pasado, tienen algunas obligaciones más a la hora de defenderse ante posibles actos de corrupción internos y también externos, y/o de su propia cadena de valor.

 

El 1° de marzo de 2018 se entró en vigor la ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, ante hechos de corrupción. La pena máxima puede llegar a la suspensión de la personaría jurídica, con lo cual la empresa no podría operar. La ley penaliza el cohecho, es decir, las dádivas a un funcionario público nacional o extranjero y también las negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros delitos. El artículo 6° de la ley es duro: "La persona jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana que hubiere intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podía haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica". Las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, ya estaban desde antes en tema, ya que hay múltiples leyes de países extranjeros que impactan directamente en la actividad en la Argentina. Entonces, esas firmas ya tenían programas de compliance bien armados: ese es uno de los principales requisitos que menciona la ley para atenuar las penas. 

 

El resto de las empresas grandes tomaron nota y pusieron en marcha sus equipos de compliance, muchas de ellas siguiendo los "Lineamientos para la  implementación de programas de integridad" que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, difundió meses después. Pero, ¿qué pasa con las pymes? ¿Es posible para ellas tener in house un equipo de compliance que pueda trabajar en la prevención de la corrupción? La respuesta es no. Y, sin embargo, están tan sujetas a la ley tanto como las empresas grandes. Carlos Rozen, socio de la firma BDO, recuerda que durante los intensos meses en los que se debatió el proyecto de ley en las comisiones del Congreso, "ya había una crisis económica. Entonces, hubo mucho ida y vuelta con respecto a si las pymes debían o no estar incluidas en esta ley de responsabilidad penal. Se debatía cómo impactaría este esfuerzo de tener que cumplir con un programa de integridad, al mismo tiempo que las pymes se quejaban de la presión fiscal, una de las mas altas del mundo". En ese momento, en 2017, estaba latente la posibilidad de que la ley alcanzara solo a las empresas grandes. Sin embargo, "la mayor parte de la riqueza del país esta producida por las pymes -continúa el socio de BDO- y, finalmente, se las incluyó en el proyecto. La única distinción que hace la ley es que la empresa con mayor capacidad económica tiene penas mas altas".

 

Una guía en proceso Los pasos que propone la Oficina Anticorrupción a las pymes son: *Compromiso: la organización debe querer realmente crear una cultura de integridad. El compromiso tiene que ser asumido por las máximas autoridades, se debe hacer de manera explícita, por escrito o de una forma mas directa y personal. *Evaluación de riesgos: se trata de conocer en qué parte del proceso productivo puede haber riesgo de corrupción, ya sea porque hay interacción con funcionarios públicos, o porque, por ejemplo, el departamento de compras no informa correctamente sus procesos. En el documento de la OA hay una serie de preguntas-guía como. Por ejemplo: la empresa, ¿tiene clientes, proveedores u otros terceros con una relación de parentesco con un funcionario público? *Plan de acción: se puede no tener un departamento de compliance, pero de acuerdo con la normativa vigente, hay tres elementos obligatorios si la empresa quiere defenderse ante un hecho que "se le escapó de las manos": un código de ética que incluya, por ejemplo, la política de la empresa con respecto a los obsequios.

 

"Hoy en día es mucho mas importante para una pyme subirse a la ley. Una implementación adecuada no es onerosa. Lo importante es que haya una real intención de hacer los negocios de manera transparente y un claro mensaje de tolerancia cero a la corrupción", cierra Rozen.

 

Fuente: La Nación. Paula Urien

 

 

 

 

 

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