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Capacitación para aplicar al programa Crédito Fiscal

El curso te permitirá conocer y adquirir las herramientas para postularte en el Programa Crédito Fiscal e identificar los requerimientos normativos y técnicos para el acceso al Programa. Destinado a PyMEs, emprendimientos y cooperativas interesadas en postularse y obtener reintegros, así como a actores gubernamentales, locales y provinciales y referentes de entidades intermedias de apoyo PyME que estén interesados en el asesoramiento a las MiPyMEs de sus territorios. ¿Cuándo? 20 de mayo de 11 a 12.30 hs Obtené el link de acceso a Zoom.

Capacitación para aplicar al programa Crédito Fiscal

Evento virtual "Acuerdos Sectoriales: Un Compromiso con la Integridad"

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Evento virtual "Acuerdos Sectoriales: Un Compromiso con la Integridad"

AFIP (Resolución General 4992/2021)

RESOG-2021-4992-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Régimen de facilidades de pago permanente. Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria. Norma modificatoria y complementaria. ARTÍCULO 1°.- Suspender hasta el 31 de agosto de 2021, inclusive, la aplicación de la condición establecida en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 11 de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, para los contribuyentes que al 19 de abril de 2021 o a la fecha de la solicitud de adhesión al plan de facilidades de pago, registraran como actividad principal -según el “Clasificador de Actividades Económicas” (F. 883) aprobado por la Resolución General Nº 3.537- alguna de las consignadas como “sectores críticos”, en el Anexo I de la Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sus modificatorias y complementarias. La nómina de los “sectores críticos” a que se refiere la citada resolución ministerial podrá ser consultada accediendo al micrositio denominado “Medidas de Alivio” (www.afip.gob.ar/medidas-de-alivio). ARTÍCULO 2°.- Modificar la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, en la forma que se indica a continuación: a) Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE FINANCIACIÓN” del Anexo II, la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 30/06/2021”, por la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/08/2021”. b) Incorporar como último párrafo del inciso d) del artículo 11, el siguiente texto: “No se considerarán en los puntos 1.2. y 2.2. de este inciso, los planes de facilidades de pago cuyas caducidades se hubieran registrado en el sistema “MIS FACILIDADES” hasta el 30 de abril de 2021, inclusive.”. ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Las adecuaciones en el sistema denominado “MIS FACILIDADES”, a fin de tornar operativa la medida dispuesta por el artículo 1° de esta norma, se encontrarán disponibles desde el 21 de mayo de 2021. ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

AFIP (Resolución General 4992/2021)

Denunciar actos ante Competencia Desleal

Presentá una denuncia ante actos que afecten la posición competitiva de una empresa o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo de forma gratuita y en línea. Las personas humanas o jurídicas que participan del mercado y se vean afectadas por un acto de competencia desleal pueden realizar una denuncia formal para iniciar un procedimiento de sanción.

¿A quién está dirigido?

Personas humanas o jurídicas que participen en el mercado nacional o que realicen actividades económicas fuera del país y que puedan producir efectos en el mercado nacional.

¿Qué necesito?

Contar con un escrito de denuncia o descargo en formato .pdf que mencione: El nombre y el domicilio de quien presenta la denuncia, la acreditación de su personería y representación y la constitución de un domicilio para recibir las notificaciones. El objeto exacto de la denuncia, lo cual debe incluir la identificación del presunto responsable, siempre que sea posible. Una breve explicación de los hechos considerados. Una breve exposición del derecho en que se funda el reclamo. La documentación y el ofrecimiento de los restantes medios de prueba necesarios para el análisis de la denuncia. ¿Cómo hago?

1) Ingresá a TAD con el CUIL y clave fiscal del representante legal de la firma o apoderado.
2) Accedé, dentro de los trámites del Ministerio de Desarrollo Productivo, a Competencia Desleal.
3) Seleccioná la opción “Denuncias” o “Descargos por actos de Competencia Desleal", según corresponda.
4) Agregá los documentos mencionados en “Requisitos” en la pantalla de “Adjuntar documentación”.
5) Una vez recibida la documentación, Competencia Desleal iniciará el procedimiento reglamentado por el Decreto 274/2019 y la Resolución 241/2020. Si tenés dudas o consultas sobre el trámite, completá este formulario.

Información complementaria Decreto 274/2019. Resolución 241/2020 Iniciar trámite en TAD

Denunciar actos ante Competencia Desleal

El Decreto 174/2019 y la competencia desleal: qué se protege (o debería protegerse)

La República Argentina tenía una deuda pendiente con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde su aprobación por la ley 17.711 (1966), que incorporaba a nuestro derecho interno la versión revisada del referido tratado –originario de 1883– gestada en Lisboa el 31 de octubre de 1958 (Acta de Lisboa).

Dicha deuda se relacionaba con el aseguramiento a los nacionales de los países miembros de la Unión de París de una protección eficaz contra la competencia desleal.[1] Si bien la República Argentina adoptó inicialmente el Acta de Lisboa de 1958,[2] el Acuerdo de los ADPIC de 1995[3], que veremos más adelante, exige a sus Estados Miembros –entre ellos Argentina– cumplir los artículos 1 a 12 y el 19 del Acta de Estocolmo de 1967, por lo que puso en vigencia para el país las disposiciones de derecho material del Convenio de París de esa actualización normativa.

A ello obedecería, precisamente, el dictado del DNU 174/2019[4] sobre “lealtad comercial”, según rezan sus considerandos 3 y 5. Este cuerpo normativo ha reemplazado a la ley 22.802 sobre identificación de mercaderías y publicidad de productos y servicios que, en puridad, y más allá de las disposiciones aisladas de sus arts. 5, 7, 8 y 9, no era un régimen orgánico de coerción contra la competencia desleal sino tan solo de preservación de la información e identificación comercial veraces con respecto a los consumidores, más que entre competidores.[5]

El concepto tradicional de “lealtad comercial”, al menos tal como lo concibió el régimen extinto de la ley 22.802, circunscripto a publicidad comercial e identificación de mercaderías y más orientado a los consumidores que a los oferentes de productos y servicios que compiten entre sí, no nos parece apropiado para definir el alcance del objeto regulado por el Decreto 174, cuya finalidad es abarcar la prevención y coerción de las prácticas contra la competencia desleal en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país en el Convenio de París y en el Acuerdo de los ADPIC.

¿Qué es la competencia desleal?

La pregunta obligada es, entonces, ¿qué es la competencia desleal, y qué se procura proteger al sancionar las prácticas que la contravienen?

Este instituto normativo, escurridizo y difícil de configurar, se apoya –siempre en el contexto del Convenio de París, que es la fuente originaria– en la coerción contra cualquier acto de competencia contrario a los usos honrados u honestos en materia industrial o comercial.[6] No hay una definición clara de los usos honrados u honestos, sino la identificación de ciertos actos de competencia desleal que, sin embargo, no agotan la lista de estas conductas ilícitas. El Convenio de París se circunscribe a indicar que deberán prohibirse, principalmente, las siguientes especies del género:[7]

1) Actos generadores de confusión, a través de cualquier medio, respecto al establecimiento, productos o actividad comercial o industrial de un competidor.

2) Alegaciones o aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, tendientes a desacreditar, desprestigiar o denigrar el establecimiento, productos o actividad comercial o industrial de un competidor.

3) Alegaciones o indicaciones, en el ejercicio del comercio, susceptibles de inducir a error al público consumidor sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el uso o la cantidad de los productos.

La competencia desleal, tal como se encuadra en el accionar contrario a los usos honestos entre competidores, incluye además actos publicitarios de comparación inexacta o maliciosa entre productos o servicios, aprovechamiento de la reputación ajena, abuso de confianza, instigación a la infracción de normas, incumplimiento doloso de acuerdos, o violación de secretos (que en ciertas legislaciones ha dado lugar a un protección más específica, conforme las obligaciones asumidas bajo el Acuerdo de los ADPIC).[8]

La protección contra la violación de los secretos comerciales o industriales es uno de los ámbitos más importantes de la represión contra la competencia desleal. Así, el Acuerdo de los ADPIC estipula en su art. 39 la protección sobre la información que esté legítimamente bajo el control de cualquier persona física o jurídica. Esta protección consiste en autorizar al titular de la información secreta, con valor comercial por tal condición y bajo medidas de preservación de la confidencialidad, el impedir que aquélla se divulgue a terceros, o sea adquirida o utilizada por terceros sin consentimiento del titular, de manera contraria a los usos comerciales honestos[9] incluyendo éstos, según la nota 10 al Acuerdo, al menos prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas. Esta protección contra prácticas de competencia desleal incluye la tutela de los datos de pruebas no divulgados y obtenidos bajo esfuerzos técnicos considerables, que deban ser presentados en procedimientos administrativos de aprobación de comercialización en materia de productos farmacéuticos o agroquímicos, cuando empleen nuevas entidades químicas (art. 39.3, ADPIC).

Se ve pues que los usos honrados u honestos, que inicialmente parecieran fundamentarse en el concepto tradicional de la buena fe-probidad o lealtad, no se vinculan a la conducta a desplegar entre contratantes (en donde prima la colaboración interesada para concretar el objeto pactado), sino entre competidores, es decir, entre agentes económicos que pujan en el mercado por ofrecer y negociar sus productos –y servicios, más allá que el esquema tradicional del Convenio de París no los incluya inicialmente– intentando desplazarse mutuamente en la concreción de contratos con terceros, esto es, los consumidores o usuarios potenciales de sus productos o servicios. En un marco de libertad económica y contractual, en donde el oferente debe convencer al destinatario de su oferta en desmedro de otros oferentes, la acción de los agentes económicos se da forzosamente en el contexto dinámico de la competencia. La competencia, que es una dinámica de desplazamiento en un esquema de interferencia permanente entre los agentes económicos por su tentativa de concretar los contratos, no debería subvertir o alterar la libertad y transparencia de las ofertas en puja, de modo que los potenciales destinatarios sepan a qué atenerse para, finalmente, proceder a la elección de la propuesta más satisfactoria para su interés: el producto o servicio más adecuado, sea por calidad, precio, rapidez de entrega, etc.

Por ello, cada competidor debe actuar en la prestación de su oferta con veracidad, probidad y transparencia respecto al otro competidor y frente a los consumidores actuales y potenciales: esto es, no formular alegaciones falsas, denigrantes o inductoras al error sobre las características de la oferta del otro, sea en cuanto a su actividad (incluido el establecimiento comercial), y las características de sus productos o servicios. Estas alegaciones suponen no solo exagerar o mentir sobre las desventajas del otro respecto a la propia oferta, sino asimismo el ocultar o falsear las propias desventajas parasitando las ventajas del otro. Precisamente, la sanción de estas conductas es la finalidad del régimen de competencia desleal consagrado en el Convenio de París.

Protección contra las prácticas de competencia desleal y defensa de la competencia (régimen antitrust)

Es importante destacar aquí que el régimen que estudiamos no pretende proteger o promover la competencia per se, sino que dicha competencia –que el régimen presupone– se dé en el contexto de determinadas reglas que posibiliten la acción de los competidores en el marco de veracidad, probidad y transparencia que hemos descripto antes. Cualquier acto que tenga por propósito limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia en sí (incluido el acceso al mercado de nuevos competidores), es ámbito de regulación del derecho de defensa de la competencia, no del de preservación de la competencia leal.

El punto precedente es relevante, porque se dan en el derecho comparado –e incluso en el nuevo régimen del decreto 274/2019, como lo veremos más adelante– ciertas superposiciones en la protección, incluyéndose en las disposiciones sobre competencia desleal algunos actos y su correspondiente coerción que, en realidad, corresponden a las legislaciones antitrust, diluyendo la precisión normativa y científica del instituto que nos ocupa.

Y es que la competencia desleal no parece pertenecer al ámbito del derecho de la competencia, sino al de la protección de la propiedad intelectual e industrial. Incluso la preservación de la competencia desleal parece ser el contexto general, y los institutos de la propiedad intelectual e industrial un instrumento especial desarrollado en ese contexto. Al fin y al cabo, la represión de la competencia desleal protege el bien inmaterial o activo intangible del prestigio comercial o industrial del competidor –relacionado en parte con el valor llave o goodwill de su actividad productiva con sustento en esa universalidad que supone su empresa-, algo que va más allá de la tutela de su nombre comercial, su marca registrada o de hecho, o sus patentes de invención y demás mecanismos de protección de la propiedad industrial (modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, derechos de obtentor, etc.).

Es posible que el lector no especializado note con extrañeza que se hable de un contexto regulatorio común entre la propiedad industrial y la coerción contra la competencia desleal, especialmente en lo que se refiere a los derechos de propiedad industrial protegidos mediante registro (patentes, modelos de utilidad, marcas, etc.). Sin embargo, el vínculo entre ambos tipos de protección se advierte diáfano cuando se examinan ciertos supuestos de competencia desleal. Por ejemplo, si bien las marcas son protegidas mediante registro, la legislación y jurisprudencia de muchos países tutelan las marcas de hecho -sin inscripción pero con uso serio generador de una cartera de clientes-, contra su empleo no autorizado por terceros, mediante el cual se intenta parasitar el prestigio ganado por el signo en cuestión provocando un desvío de clientela a través de la inducción a error sobre el origen del producto o servicio del competidor fraudulento (lo que en el common law se conoce como passing-off). El propio instituto de la protección de las invenciones no patentadas pero preservadas bajo secreto industrial, se fundamenta en principios de competencia desleal, como el aprovechamiento injustificado del esfuerzo inventivo del otro con propósitos comerciales.[10]

Del mismo modo, se fundamentan en la coerción de las prácticas contra la competencia desleal –más que en la legislación marcaria usual- las disposiciones del art. 6 bis del Convenio de París (Acta de Estocolmo), que prohíben o invalidan el registro y el uso de marcas que constituyan la reproducción o imitación susceptibles de generar confusión con una marca notoria de un tercero, ello a pesar de que los productos o servicios del solicitante o explotador de la primera marca no sean necesariamente los mismos amparados por la segunda (excepción al principio de la especialidad marcaria) y las del art. 6 quinquies, 3) del mismo texto normativo, sobre rechazo de registro de las marcas que susciten engaño al público.

Superposiciones entre coerción de la competencia desleal y defensa de la competencia en el Decreto 174

El Decreto 174, si bien un palpable progreso en la protección contra las prácticas de competencia desleal,[11] incurre en ciertas confusiones o superposiciones con la legislación de defensa de la competencia que dota de imprecisión a la regulación orgánica que pretende implementar.

Así, comete –a nuestro modo de ver- un error conceptual al reputar, en su considerando 6, a la protección contra la competencia desleal como “complementaria” de lo dispuesto en la ley 27.442 de defensa de la competencia. Hemos visto antes que sus bienes jurídicos tutelados son diferentes, y que el complemento de la competencia desleal, en realidad, debe buscarse en la propiedad industrial. Precisamente esta concepción es la que hará caer al Decreto 174 en superposición con el ordenamiento antitrust en lo que respecta a ciertas prácticas sancionables.

Del mismo modo, la propia definición del art. 9 del Decreto es confusa, y va más allá del régimen de la competencia desleal, al indicar que constituirá “un acto de competencia desleal toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo”. En realidad, la afectación de la posición competitiva de un agente económico o la alteración o menoscabo del funcionamiento de la competencia en cuanto tal es ámbito del art. 1 y ccs. de la ley 27.442 y no de un régimen de competencia desleal. El Decreto parece dudar de su propia concepción de competencia desleal cuando en su art. 7 segundo párrafo aclara que los actos alcanzados por la ley 27.442 “no podrán ser juzgados ni sancionados en virtud del presente Decreto”. La Resolución 248/2019 de la Secretaría de Comercio Interior especifica, por su parte, que el Título I – De la Competencia Desleal del Decreto 174/2019 será de aplicación “siempre que el acto o conducta prevista en el artículo 9 o 10 de dicho Decreto no resulte alcanzado por la ley 27.442 de Defensa de la Competencia” (art. 3 de la referida Resolución). Este juego de normas denota una deficiente técnica legislativa y una clara confusión entre lo que cada régimen protege y sanciona.

Estas imprecisiones sobre la configuración normativa de la coerción contra la competencia desleal llevaron al Decreto a incluir entre los supuestos particulares de acto de competencia desleal al abuso de situación de dependencia económica[12], la obtención indebida de condiciones comerciales,[13] la venta por debajo del costo[14], y la discriminación de compradores,[15] que en realidad son actos anticompetitivos unilaterales o multilaterales (maniobra concertada) claramente subsumibles en los arts. 1, 3 incs. h) y k), y 5 (posición dominante en el mercado) de la ley 27.442 y, por lo tanto, no podrían ser juzgados o sancionados bajo el Decreto 174.[16]

A modo de conclusión

El Decreto 174/2019, más allá de las imprecisiones o superposiciones conceptuales con el régimen de la defensa de la competencia –que entendemos deberían ser modificadas-, supone, finalmente, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República con respecto a la protección contra la competencia desleal consagradas en el Convenio de París y el Acuerdo de los ADPIC, lo que no se daba precisamente con la incompleta y fragmentaria ley 22.802. Su dictado y vigencia deberán dar lugar a una rica jurisprudencia, que tenga en cuenta la adecuada diferenciación con el ordenamiento antitrust y el eficaz complemento con los derechos de propiedad industrial. Por JAVIER F. NÚÑEZ(*)

El Decreto 174/2019 y la competencia desleal: qué se protege (o debería protegerse)

Compliance y comercio internacional en el escenario post-Covid

En los tiempos que corren, hacer negocios sin compliance resulta equiparable a ingresar a un supermercado sin barbijo, contar un chiste machista en una reunión social o emprender un viaje por carretera sin emplear el GPS. Habrá quienes lo hagan, sin duda, pero casi todos pensaremos que se trata de personas poco sensatas, que no saben cuidarse a sí mismas o que no comprenden en absoluto el tiempo que les tocó vivir. Las empresas que no se esfuerzan en prevenir ilícitos y promover una cultura de negocios ética se parecen a tales insensatos: se exponen a severas sanciones económicas y a daño reputacional, debilitan la confianza de sus clientes e inversores y renuncian a la posibilidad de desarrollar su actividad de un modo sustentable y socialmente prestigioso. Cuando hablamos de compliance, por supuesto, nos referimos a los sistemas que adoptan las empresas (y también, de manera creciente, las organizaciones estatales) para evaluar gestionar sus riesgos de integridad y promover una cultura ética entre sus colaboradores y socios de negocios. Con ese fin las empresas desarrollan Códigos de Ética y políticas internas, llevan adelante acciones de capacitación y comunicación y establecen canales propios para el reporte y la investigación de irregularidades. Estas medidas -entre otras parecidas- son gestionadas operativamente por una figura de creciente prédica en el mundo empresario: el Compliance Officer. Argentina se ha incorporado a este consenso global con la aprobación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria. Esta ley -similar a legislaciones presentes en casi todos los países- incentiva el compliance (“Programas de Integridad”, según la denominación que les asigna nuestra ley) por dos caminos: a) la posible reducción de sanciones penales a las compañías que lo posean, b) su exigencia como condición para contratar con el estado. La Ley 27.401 es nueva todavía, su aplicación ha sido limitada y las empresas argentinas aún tiene un largo camino por recorrer para pasar del compliance de papel a verdaderos sistemas integrados en la cultura corporativa. Pero la piedra ya se ha puesto a rodar y difícilmente se detenga. En definitiva, la ley -aquí y en el mundo- es apenas el puntapié inicial del compliance, que tiende a perder su carácter de condición legal para evolucionar hacia el de práctica de los negocios. Una cuestión de reputación (en ciertas industrias comienza a mirarse como un “bicho raro” a quien no lo tiene), de confianza (clientes e inversores se alejan de quienes no lo poseen) y de cultura corporativa (en un modelo sustentable, es simplemente una manera de “hacer hacer las cosas bien”). El comercio internacional es un ámbito natural para la aplicación de Programas de Integridad. Las actividades de importación, exportación y logística son consideradas tradicionalmente como de alto riesgos de corrupción pública y privada. Además, están sujetas a fuerte presión regulatoria de agencias extranjeras, especialmente de la OFAC y el Departamento de Comercio estadounidenses. Temáticas candentes del compliance en los últimos tiempos tales como derechos humanos, ciberseguridad y protección de datos también son importantes en estas industrias, especialmente en el escenario post-covid. Las empresas de Argentina y la región dedicadas al comercio internacional deberían tomar seriamente el desafío. Contar con un sistema de compliance sólido y adecuado a los propios riesgos no sólo es importante en términos de blindaje legal. Es lo que esperan de ellas sus clientes y proveedores, sus competidores, los bancos que les prestan dinero, las agencias estatales y la comunidad en general. Los programas de compliance son también materia de preocupación en las más de 5400 zonas francas distribuidas entre 147 países alrededor del mundo. En tanto enclaves estratégicos para promover el intercambio y el desarrollo, gobernados por regímenes especiales, están siempre bajo la lupa de los reguladores y los hacedores de políticas públicas. No por casualidad la propia OCDE ha desarrollado en 2015 un Código de Conducta Modelo para Zonas Francas Limpias. Este estándar puede ser, para las zonas Francas, la piedra basal sobre la cual edificar un sistema de cumplimiento a medida e incentivar a quienes participan de su ámbito de intercambio a que también lo hagan. El mundo exige compromisos éticos firmes a todos los participantes del comercio internacional. Quienes atiendan a esta realidad, adaptarán sus estructuras y comportamientos para asegurar una performance exitosa. Quienes no lo hagan, conscientes o no, seguirán sujetos a riesgo. No sólo al riesgo de sufrir sanciones o perder ventas. También, y fundamentalmente, al riesgo de no comprender cabalmente el tiempo que les toca vivir. Diego Hernán Martínez (*) Especial para “La Nueva.”

Compliance y comercio internacional en el escenario post-Covid

Herramientas PyMEs | Programas de apoyo, líneas de crédito y capacitaciones

Estimados, compartimos las presentaciones de todas las herramientas disponibles para PyMEs expuestas en el segundo encuentro sobre "Productividad para la Cadena de Valor de Tecnologías Médicas". El evento estuvo a cargo de Guillermo Merediz, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, y todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo quienes presentaron los avances del plan de productividad y las herramientas de financiamiento vigentes para PyMEs. #emprendedores#PAC

Herramientas PyMEs | Programas de apoyo, líneas de crédito y capacitaciones

Ciclo de Tendencias "Protagonistas de la transformación digital"

La innovación como vía para el desarrollo. ¿Cómo se aprovechan los nuevos canales digitales para llegar al grupo meta? ¿Qué tecnologías potencian las transacciones comerciales internacionales? Sumate a este encuentro, en el que conversaremos con diferentes referentes sobre la innovación necesaria en el análisis de la demanda, el posicionamiento de marca, la operación de venta y el proceso logístico. 27-05 | 12hs Andrés Jara Werchau CEO & CoFounder en Nubimetrics Juan Manuel Altamirano Managing Partner en ADVILINE digital marketing Juan Martín González Pita Founder & Sales Director en Salix Fruits Iván Blanco CIO and BPO Head Latin America en DHL Global Forwarding INSCRIBIRME

Ciclo de Tendencias "Protagonistas de la transformación digital"

IECS: Consulta pública de informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Les informamos que se encuentra en versión abierta a comentarios el documento de Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETS) "Asignación de recursos escasos en unidades de cuidados críticos en periodo de pandemia". El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) busca brindar la oportunidad a los principales actores relacionados con la implementación de esta tecnología de que puedan revisar esta información, la cual será utilizada por financiadores del sistema de salud en la toma de decisión acerca de la incorporación o no de esta tecnología así como en la definición de las indicaciones apropiadas en caso de ser incorporada.

Agradeceremos enviar sus comentarios hasta el 25-05-2021 a través del siguiente formulario. click aquí. Informe de ETS: Ante cualquier duda o comentario sobre el proceso no duden en consultarnos.

IECS: Consulta pública de informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

¿Cómo promover la transparencia en la relación entre profesionales de la salud y la industria?

INSCRIPCIÓN

¿Cómo promover la transparencia en la relación entre profesionales de la salud y la industria?

Segundo Encuentro "Productividad para la Cadena de Valor de Tecnologías Médicas"

Unirse a la reunión Zoom
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ID de reunión: 837 5436 4857
Código de acceso: 470982

Segundo Encuentro "Productividad para la Cadena de Valor de Tecnologías Médicas"

Guía Advamed | Donaciones

Donaciones El Código de Ética de AdvaMed permite a las empresas realizar donaciones monetarias o en especie de productos, equipos o servicios con fines benéficos, como la atención de indigentes y la educación pública o de pacientes. Brindar apoyo humanitario en respuesta al COVID-19 es un propósito caritativo adecuado, siempre que cumpla con los siguientes criterios: · La donación responde a una necesidad humanitaria directamente relacionada a la respuesta al COVID-19 y por una duración y monto que se relaciona con la necesidad durante la crisis del COVID-19; y · La donación está debidamente documentada con la inclusión de criterios relacionados con la duración del uso y la toma de decisiones sobre el momento y las condiciones para la recuperación del equipo (cuando corresponda). Las donaciones y las solicitudes de donaciones relacionadas a la respuesta al COVID-19 se dividen en varias categorías, todas las cuales son transferencias de valor que pueden generar informes bajo la legislación de transparencia, como la Ley Sunshine de EEUU. Se incluye actualmente, pero no se limitan a: · Préstamos de equipos médicos (teniendo en cuenta que dichos préstamos no deben realizarse para inducir la compra de consumibles relacionados); · Licencias de software / suscripciones a servicios en la nube; · Donaciones de productos de uso único / múltiple; y · Donaciones de apoyo económico (con carácter humanitario). Las donaciones realizadas a hospitales u otros ambientes clínicos deben hacerse a entidades afiliadas sin fines de lucro y con fines benéficos y / o filantrópicos de buena fe siempre que sea posible, pero deben realizarse de acuerdo con los criterios anteriores en cualquier caso. El personal comercial no debe controlar ni influir indebidamente en la decisión de si una entidad en particular recibirá apoyo o el monto del apoyo. El personal comercial de una empresa puede proporcionar información sobre un programa benéfico propuesto o un destinatario, pero no puede tomar la decisión final.

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