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El Gobierno reglamento la ley de responsabilidad penal de las empresas.


La Oficina Anticorrupción será el organismo encargado de fijar los lineamientos de los programas de integridad y transparencia, que permitirán prevenir, detectar y combatir casos de corrupción.

Bajo el decreto 277/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas (27.401) y le asignó a la Oficina Anticorrupción (OA) la facultad de establecer los principios y guías para los “programas de integri­dad”.

La norma, sancionada en noviembre último, crea un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas. Con esta ley, Argentina da cumplimiento al pedido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al adaptar el sistema penal a los estándares internacionales.

El texto incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falso agravados. El régimen será aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

El Ejecutivo le asignó a la Oficina Anticorrupción la responsabilidad de establecer aquellos principios, lineamientos y guías que resulten necesarios para el "mejor cumplimiento" de dichos programas, que serán obligatorios para aquellas empresas que contraten con el Estado.